Autorización a fuerzas de seguridad para operar servicios de rampa y aeroportuarios

Se armó revuelo en las terminales aéreas que tocan de cerca a los vecinos de la zona. Tras las últimas medidas de fuerza que paralizaron el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Gobierno nacional metió mano en el asunto. A través de la Resolución 49/2024, aprobó un proceso para otorgar autorizaciones aerocomerciales de servicios operacionales y de rampa. La idea es que las fuerzas de seguridad, o cualquier persona física o jurídica que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos, puedan salir a la cancha a brindar el servicio.

La movida viene impulsada con fuerza desde la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, junto a las carteras de Seguridad y de Desregulación y Transformación del Estado. Según explicaron en un comunicado, con este marco las fuerzas públicas van a poder actuar al toque en situaciones de paros encubiertos o medidas extorsivas que terminen perjudicando a los pasajeros y afectando el día a día de los aeropuertos. De forma temporal y excepcional, se harán cargo de las rampas y de los servicios operativos para dar una mano a las aerolíneas y a la gente que viaja. Desde Transporte recordaron que, en lo que va del año, la empresa Intercargo metió 16 asambleas y 4 paros, dejando a un montón de usuarios varados arriba de los aviones o esperando el equipaje legal. Con la desregulación, buscan que los pasajeros no queden otra vez como rehenes de reclamos gremiales ajenos.

El plan oficial apunta a abrir el juego del todo. Al desregularse por completo los servicios de rampa y operativos, cualquier operador privado que tenga ganas de meterse y cumpla con las condiciones va a tener vía libre para laburar, obligando a Intercargo a competir a la par de cualquier empresa. Esto promete sumar nuevos actores al mercado local para beneficio directo de los usuarios. Además, la normativa se apoya en el principio de silencio positivo para acelerar los papeles: si pasa un tiempo determinado desde que se arranca el trámite y se constata que está todo en regla a nivel operativo, técnico y de seguridad, la autorización sale de forma automática y dura 15 años con chance de renovación. Así, la gestión nacional sigue adelante con la desregulación del transporte aéreo para adaptar los servicios a la dinámica actual y buscar mayor comodidad.