El Presidente rubricó la iniciativa oficial sobre la pista de la terminal aérea tras su viaje

El presidente Javier Milei volvió de su viaje relámpago a Noruega y, ni bien pisó el Aeroparque Jorge Newbery ahí en la Costanera Norte, en plena Comuna 14, le puso la firma al proyecto de reforma laboral. La idea del Ejecutivo es meterlo de lleno para que se trate en las sesiones extraordinarias que van a ir del 10 al 30 de diciembre.

Después de haber estado en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz, el mandatario defendió con todo la propuesta asegurando que va a servir para apuntalar el crecimiento y generar nuevos puestos de trabajo. En esa misma línea se plantó Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, que no dudó en calificar la medida como la transformación laboral más importante de la historia de nuestro país. A pesar del revuelo, desde los pasillos de la Casa Rosada salieron a calmar las aguas aclarando que el texto no toca el rol central que tienen los sindicatos y que tampoco le va a poner un freno al cobro de la cuota solidaria.

Si entramos en el detalle de los cambios, la reforma mete mano en las indemnizaciones por despido sin causa. A partir de ahora se va a calcular un sueldo por cada año laburado o fracción mayor a tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual habitual del último año, pero dejando afuera del rubro a los pagos que no son mensuales, como el aguinaldo, las vacaciones o los premios. Además, el proyecto apunta los cañones contra lo que el oficialismo llama la industria del juicio, intentando apurar los tiempos de los litigios laborales.

La cosa también viene con debate pesado por el lado del derecho de huelga, ya que se meten nuevas trabas y se arman dos grandes grupos de actividades: las esenciales, que van a tener que garantizar un 75% de servicio mínimo, y las trascendentales, que deberán cumplir con un 50%. Por otra parte, la ley abre la puerta para que los sueldos se puedan cobrar en pesos, dólares o cualquier otra moneda extranjera si hay acuerdo entre las partes, y se pone mucho más estricta con los papeles que hay que presentar para justificar las licencias por enfermedad.

Como si fuera poco, la propuesta permite meter un sistema para compensar las horas extras con el famoso banco de horas y le arma un marco regulatorio de cabo a rabo a los repartidores que laburan con las aplicaciones de delivery.

Mientras todo esto se cocina en el Congreso, la CGT ya juntó a su mesa chica porque hay un clima de bastante bronca por haber quedado afuera de las discusiones, así que se sentaron a mirar con lupa el borrador para ver cómo paran el golpe y qué medidas van a tomar. La tensión viene de arrastre: el pasado 9 de diciembre, ATE ya metió un paro nacional para plantarse contra la reforma. El Secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar, salió con los tapones de punta no solo contra Milei, sino también contra los gobernadores, tratándolos de cómplices y socios necesarios en este avance sobre los derechos. Apuntó en particular al mandatario de Catamarca, acusándolo de juntar votos en su provincia criticando el ajuste y ahora jugar para el mismo lado, por lo que no descartó llevar las protestas directamente a esos territorios.

Por el lado de la CTA Autónoma el mensaje fue igual de duro a través de un comunicado donde afirmaron que con el título de reformas lo único que se busca es recortar en lo laboral, previsional y fiscal, afectando las vacaciones, las jornadas y los salarios de los que menos tienen, mientras los sectores más poderosos quedan intocables. De hecho, las dos CTA ya se habían movido en noviembre reuniéndose con los diputados nacionales de Unión por la Patria para plantear su alarma por los tijerazos que viene sufriendo el presupuesto en salud, educación, obra pública y los fondos provinciales, sumado a la preocupación por las empresas que bajan la persiana y dejan un tendal de despidos. En ese encuentro, los referentes gremiales dejaron en claro que no van a aceptar ningún cambio que intente pasar por arriba de los puntos que la Justicia Laboral ya rebotó cuando se declaró inconstitucional el Decreto 70/23. Según denunciaron, el Gobierno nacional tiene la clara intención de romper y atomizar al movimiento obrero usando la excusa de la modernización, una jugada que para ellos va a la par de intentar dividir a los bloques de la oposición en el Parlamento. Por eso mismo, recalcaron la importancia de armar un frente unido tanto adentro del Congreso como en la calle para resistir la avanzada y, al mismo tiempo, empezar a discutir reformas que de verdad piensen en las necesidades de los laburantes y no solamente en el bolsillo de los grandes grupos empresarios.