Concurso público para la gestión integral de residuos secos urbanos

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se metió de lleno en el armado de lo que será la próxima licitación pública para el Servicio de recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos. Por medio de la Resolución N° 53/SECH/26 de la Secretaría de Higiene, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se terminaron de unificar los pliegos técnicos y las condiciones operativas que van a manejar todo este sistema de higiene urbana por un tiempo base de dos años. Justo en el marco del 30° Aniversario de la Constitución de la Ciudad, se abrió una instancia para que los vecinos y los interesados metan la cuchara a través de una consulta pública de diez días hábiles, siguiendo lo que manda la Ley Número 2.095.

El nuevo esquema propone cambiarle la cara a la logística con tecnología y exigencias claras: meten control digital por GPS a full en los camiones, imponen seis servicios que las empresas tienen que cumplir de forma obligatoria por comuna y marcan una tolerancia máxima del veinte por ciento mensual de descarte en las plantas de tratamiento. Para ordenar el mapa, la geografía porteña se dividió en seis zonas operativas según los límites de las comunas, y el gobierno porteño va a poner a disposición una red de nueve Centros de Reciclado estatales. Si bien la Ciudad les da una dotación inicial de camiones de su propiedad a las empresas prestadoras, cada una va a tener que poner de su bolsillo los vehículos necesarios para complementar la flota a su exclusivo cargo.

Poniendo la lupa en las dos zonas que más nos tocan de cerca en nuestros barrios, la Zona A cubre derecho a las Comunas 1 y 4. Para arrancar, esta zona va a recibir diez camiones de la Ciudad y va a laburar directamente con los Centros de Reciclado Barracas y Cortejarena. Por otro lado, la Zona B junta a las Comunas 2 y 14, va a contar con una tanda de doce camiones asignados y los materiales recolectados se van a procesar en el Centro de Reciclado Saavedra. El resto del mapa porteño se reparte en la Zona C para las Comunas 12 y 13 con cinco vehículos y los centros de Núñez y Constituyentes; la Zona D para las Comunas 11 y 15 con seis camiones y el centro Balbastro; la Zona E con las Comunas 7, 8, 9 y 10 que tiene seis camiones y los centros Chilavert y Corrales; y finalmente la Zona F que pasa por las Comunas 3, 5 y 6 con once camiones y el Centro de Reciclado Varela.

Las empresas que ganen la licitación van a tener que cumplir a rajatabla con seis prestaciones fundamentales y obligatorias. La primera de la lista es la recolección puerta a puerta para los generadores individuales, articulando el laburo con los recuperadores urbanos y garantizando que se pase al menos dos veces por semana a visitar a cada vecino anotado en el padrón oficial de la zona. La segunda es el servicio para los generadores especiales, como los grandes comercios, industrias, hoteles y hospitales, que van a tener una frecuencia base de tres recolecciones semanales. La tercera prestación apunta a la recolección en los Puntos Verdes que están en las plazas y espacios públicos de los barrios, los cuales se van a tener que vaciar un mínimo de dos veces por semana o en cuanto se note que las estructuras están llenas.

Las tres obligaciones que cierran el paquete tienen que ver con el tratamiento y la concientización. Como cuarta prestación, las plantas tienen el deber de recibir el material que llega de la contenerización verde pública en general. La quinta es el procesamiento puro dentro de los centros de reciclado, haciendo el pesaje, la clasificación, la compactación y el enfardado de todo lo que entre; acá es donde rige el límite estricto del veinte por ciento de descarte mensual, y si se llegan a pasar de esa cifra, van a tener que justificar el excedente con una declaración jurada. Por último, la sexta prestación se enfoca en la promoción ambiental: cada zona va a tener que contar con un equipo mínimo de cuatro promotores para concientizar y educar a la gente en la calle, y para que no vaya cualquiera, estos promotores van a tener que rendir un examen técnico obligatorio todos los años ante las autoridades locales.

El pliego también le mete orden al tema de los bolsones que se ven en la calle para que la logística no se vuelva un caos. Se impone la regla de las tres horas, que es el tiempo máximo que un bolsón puede quedar tirado en la vía pública. Además, van a tener que estar paraditos en posición vertical, bien alineados junto al cordón de la vereda, con un tope de hasta seis unidades por parada y ubicados como mínimo a cinco metros de distancia de cualquier contenedor de basura tradicional.

En la parte tecnológica no va a haber espacio para la avivada porque el control del Estado va a ser automatizado y las 24 horas. Absolutamente todos los camiones, tanto los que preste la Ciudad como los que aporten las empresas por su cuenta, van a tener que llevar dispositivos GPS activos y sistemas de telemetría para transmitir los recorridos en tiempo real, permitiendo auditar y certificar digitalmente cada ruta. Por el lado de la infraestructura de las plantas, el Estado se hace cargo del mantenimiento integral de los edificios y de la maquinaria pesada móvil que ponga, como autoelevadores y palas cargadoras. Eso sí, los oferentes tienen la libertad de usar plantas que sean de su propiedad, pero en ese caso la conservación y cualquier arreglo van a correr bajo su total y exclusiva responsabilidad.