Reclamo vecinal y legislativo para frenar el desmantelamiento del histórico puente de hierro

El conflicto por el futuro del Puente Ciudad de la Paz – Soler llegó a la Legislatura porteña de la mano de la legisladora Marina Sol Méndez, de Confianza Pública, quien presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo aclare qué planea hacer con esta estructura clave que conecta a los vecinos de Palermo, Colegiales y Belgrano. La movida surge porque los vecinos y diversas instituciones de la zona están bastante preocupados y exigen que se conserve la estructura original en lugar de cambiarla por una nueva apta para el tránsito pesado, una idea que quedó expuesta en una licitación pública que lanzó AUSA a fines de junio de 2025.

Méndez quiere saber puntualmente si el Gobierno tiene la intención real de desarmar el puente actual, que encima fue reacondicionado hace poco, para poner una estructura nueva que aguante camiones y colectivos. En su presentación, exige que se entreguen todos los papeles y actuaciones administrativas del proyecto y que se detalle si se le pidió al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) que le saque la protección histórica que tiene el bien, aclarando las fechas y si ese trámite se inició después de llamar a la licitación. Según lo que la legisladora estuvo charlando con la gente del barrio y las asociaciones civiles, el Ejecutivo no les dio ninguna respuesta clara sobre los criterios técnicos, el presupuesto, los plazos, el impacto en el patrimonio ni los espacios de participación ciudadana vinculados a la licitación de AUSA y a la descatalogación del puente.

La historia de este puente tiene lo suyo. Fue levantado entre 1916 y 1919 por la Compañía de Tranvías Lacroze y recién en 1963, cuando dejaron de pasar los tranvías, se habilitó para los autos. Con sus 52 metros de largo, forma parte del catálogo de bienes protegidos de la Ciudad por su valor histórico, identitario y de paisaje. Sin embargo, el 17 de enero de 2023 lo tuvieron que cerrar por fallas estructurales y estuvo parado dos años sin que se hiciera nada. Recién el 31 de marzo de 2025 volvió a abrir sus puertas después de unos arreglos urgentes que hicieron posible que vuelvan a pasar peatones, bicicletas, motos y autos livianos.

Los vecinos no entienden cómo puede ser que, después de que el Gobierno de la Ciudad gastara una fortuna en ponerle refuerzos metálicos, arreglar las juntas y acomodar los accesos para reabrirlo, apenas tres meses más tarde, el 27 de junio de 2025, AUSA saliera a licitar su desmantelamiento. Al mismo tiempo, la empresa estatal avanzó pidiendo la descatalogación ante el CAAP para poder tirarlo abajo. La bronca vecinal apunta a que los tiempos de la licitación corrieron a las apuradas y en paralelo al trámite patrimonial, como queriendo acelerar todo antes de que la presión de los barrios lograra frenar la demolición.

En los barrios la preocupación crece. Vecinos, organizaciones no gubernamentales y arquitectos especialistas en conservación reclaman que no hay justificativo técnico para tirar abajo una estructura centenaria y protegida, sobre todo cuando ese tramo ni siquiera integra la red oficial de tránsito pesado de la Ciudad según marca el Código de Tránsito. Por eso, ya empezaron a movilizarse para frenar las obras, criticando el apuro y la falta de explicaciones normativas. La demolición y el cambio por un puente nuevo para camiones modificaría por completo el perfil urbano de Palermo y Colegiales, afectando la escala del lugar, la tranquilidad de los peatones y ciclistas, y el valor simbólico que tiene para la zona. Lo que se exige ahora es luz sobre toda la documentación técnica, los informes de impacto y que se expliquen qué otras alternativas se evaluaron antes de decidir pasar la topadora por un patrimonio histórico.