Señalamientos de la Defensoría sobre el procedimiento policial en protesta

Les cuento lo que pasó el pasado martes 30 de julio en las inmediaciones del Congreso Nacional. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo ahí firme, haciendo una observación mixta, tanto presencial como por monitoreo de medios, en la manifestación que armaron las organizaciones de personas jubiladas. Los abuelos no estuvieron solos, porque los acompañaron agrupaciones sindicales, políticas y sociales en una movilización que, para ser honestos, juntó a menos de 200 personas y se venía desarrollando de lo más bien, en forma pacífica.

Pero la cosa se puso fea por el operativo de seguridad, que incluyó un despliegue importante de fuerzas federales como la PFA, la GNA y la PNA, además de la Policía de la Ciudad. Lamentablemente, se registraron hechos de violencia institucional por parte de los efectivos policiales. Todo se desmadró alrededor de las 17:30 horas, cuando un cordón de la Policía de la Ciudad con equipamiento antidisturbios les plantó bandera y bloqueó el avance de los manifestantes sobre la Avenida de Mayo y Sáenz Peña, en pleno centro de nuestra Comuna 1. En ese momento arrancaron los forcejeos y los oficiales empezaron a tirar gas pimienta en forma de balines, además de usar escudos y bastones. La ligaron todos de manera indiscriminada: los que protestaban, los observadores de derechos humanos y los trabajadores de prensa que cubrían la nota.

El saldo que constató la Defensoría asusta: hubo al menos siete personas detenidas y tuvieron que atender a 61 heridos. Entre los casos más graves se reportó a una mujer con cortes en la cara y a un hombre mayor con lesiones en los brazos, aunque se presume que el número total de afectados es todavía más alto. Con todo esto sobre la mesa, la Defensoría sacó sus conclusiones preliminares y advirtió que se aplicó un protocolo de intervención que pasa por arriba de la Constitución Nacional y de los estándares internacionales de derechos humanos. También denunciaron un uso ilegítimo, desproporcionado e injustificado de la fuerza pública por parte de la Policía de la Ciudad. Desde el organismo avisaron que van a seguir monitoreando de cerca la situación y exigieron que se respeten a rajatabla los derechos de quienes salen a expresarse y protestar pacíficamente, sobre todo tratándose de un grupo históricamente vulnerado como nuestros jubilados.