Sanción de normativas para la regularización dominial de obras en infracción

El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires mandó a la Legislatura un proyecto de ley bastante importante que busca armar un régimen excepcional para blanquear obras y edificaciones que se hicieron por fuera de las normas vigentes. La movida, que lleva la firma del jefe de Gobierno Jorge Macri, apunta a ordenar una situación súper común en todo el territorio porteño y darle un encuadre legal a construcciones que hoy en día están en la clandestinidad informática.

La idea es armar un «Régimen Especial de Regularización» que dure un año de entrada, con chance de estirarlo por otro período igual por única vez. En ese tiempo, los propietarios van a poder declarar y poner en regla las obras que se mandaron sin respetar el Código de Edificación ni el Código Urbanístico de la Ciudad.

El proyecto le pone el ojo a construcciones de hasta 5.000 metros cuadrados que estén en infracción al Código de Edificación y de hasta 2.500 metros cuadrados si la falta es con el Código Urbanístico. Además, mete en la bolsa a las intervenciones que se hicieron en los barrios en pleno proceso de reurbanización, los clubes de barrio, entidades deportivas sin fines de lucro y los establecimientos educativos, culturales y de salud, que en estos casos particulares entran directamente sin límite de superficie.

Pero ojo, porque la propuesta también pone límites bien claros. Quedan totalmente afuera las obras que pongan en riesgo las condiciones básicas de seguridad, salubridad o accesibilidad, al igual que las construcciones ubicadas en zonas protegidas o que se hayan metido en el espacio público más allá de un margen mínimo. Tampoco van a poder sumarse las edificaciones que no tengan cosas esenciales como salidas de emergencia, instalaciones eléctricas seguras o sistemas contra incendios.

El tema de la plata es una de las claves de la iniciativa. La verdad es que no es una amnistía gratis: el Gobierno plantea un sistema de recargos progresivos sobre los derechos de construcción. Las multas arrancan en un 250% para las obras más chicas y trepan hasta un 700% para los proyectos de mayor escala. Para el caso de las viviendas particulares, se fijó un recargo uniforme del 250% sin importar los metros cuadrados, buscando que la gente pueda normalizar su casa y así tener chances de acceder a un crédito.

Por el otro lado, se vienen beneficios para las instituciones sociales de los barrios, como clubes, entidades deportivas y espacios comunitarios, que van a poder regularizar todo con menos cargas o incluso a costo cero en ciertas situaciones. Para colmo, se abre la opción de meter planes de pago para que más vecinos se sumen.

De acuerdo al mensaje que mandaron a la Legislatura, lo que se busca es destrabar un problema estructural: hay un montón de construcciones no declaradas o flojas de papeles que tiran abajo el valor de los inmuebles, traban las operaciones inmobiliarias y no te dejan conseguir financiamiento. Desde el Ejecutivo aseguran que blanquear todo esto va a traer más seguridad jurídica y a mover un poco el mercado inmobiliario.

Igual, el proyecto avisa que prenderse a este régimen no te salva de las sanciones que ya existan en el régimen de faltas actual, intentando cruzar la normalización con los controles urbanos de siempre. Ahora la pelota la tiene la Legislatura porteña, encabezada por Clara Muzzio, donde se va a debatir si el oficialismo consigue los votos para avanzar con esta ley que busca ordenar el crecimiento edilicio irregular de la Ciudad.