Modificación estructural y operativa de la Policía Federal por parte del Estado nacional

Se armó una buena discusión en el barrio después de que el Gobierno nacional publicara este martes el Decreto 383/2025 en el Boletín Oficial, que mete mano a fondo y establece el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA). La movida apunta supuestamente a prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, además de darle una mano a la desarticulación de las bandas delictivas organizadas. Pero lo que realmente levantó temperatura por acá es que la norma ahora habilita a la fuerza a realizar requisas y ciberpatrullaje en las redes sin necesidad de contar con una autorización judicial previa.

La presentación oficial de este paquete de cambios se hizo justamente en nuestro vecindario, durante un acto encabezado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en la sede Cavia de Palermo, pleno corazón de la Comuna 14. Ahí mismo, la funcionaria aprovechó para mostrar la nueva cara del Departamento Federal de Investigaciones, al que definió directamente como el motor de la PFA. Según explicó la ministra ante los presentes, este organismo se va a encargar de centralizar toda la fuerza operativa para ir a fondo contra las organizaciones que buscan acumular poder por fuera de la ley. Desde el lado oficial, el decreto argumenta que la intención detrás de este estatuto es lograr la mayor eficiencia y eficacia posible en el manejo técnico de los recursos del Estado, todo sea por cuidar la seguridad de la gente y dar pelea contra el crimen organizado.

El texto de la reforma detalla con precisión quirúrgica el nuevo rol de la PFA. En su primer artículo la define como una policía líder en la investigación proactiva de delitos complejos y en la protección del Estado, mientras que el segundo artículo recuerda que forma parte del Sistema de Seguridad Interior. El plato fuerte viene con el artículo quinto, que repasa las funciones de prevención mediante inteligencia criminal y el rol de auxiliar de la Justicia. Además, el inciso séptimo aclara el tema de las detenciones: fija que, salvo los casos previstos por los códigos procesales, no se puede detener a nadie sin orden de un juez. Eso sí, mete una excepción importante: si hay sospechas fundadas de que alguien cometió o puede cometer un delito y no tiene cómo acreditar su identidad, la policía se lo puede llevar demorado a la comisaría por un máximo de diez horas, dando aviso al juez de turno y permitiéndole avisar al toque a un familiar.

Por el lado digital y de control en la calle, los incisos 11 y 13 del mismo artículo son los que abren las facultades más discutidas. El primero le da luz verde a los agentes para ciberpatrullar en espacios públicos digitales, webs y redes sociales abiertas para prevenir delitos sin pedirle permiso a ningún juez, aunque el texto aclara que deben respetar la intimidad y la libertad de expresión de las personas. El inciso 13 va por el lado de las requisas: se mantiene la orden judicial como regla general, pero permite avanzar sin ella sobre personas, bolsos, autos o barcos si hay indicios claros de que ocultan algo de un delito, si hay peligro de que las pruebas desaparezcan o si el procedimiento se hace en la vía pública durante operativos de prevención.

Como era de esperarse, la política local saltó rápido a dar su postura. Gabriel Solano, legislador porteño del Partido Obrero – Frente de Izquierda, fue con los tapones de punta y calificó la medida como un ataque brutal a las libertades democráticas, quejándose de que ahora te pueden parar y revisar los bolsos por la cara o la ropa. Por su parte, la legisladora Claudia Neira, de Unión por la Patria, puso la lupa sobre el impacto directo en las calles porteñas y advirtió que varios artículos del estatuto habilitan la intervención de la Policía Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasando por arriba y violando la Ley de Seguridad Interior, tirándole además un dardo a Jorge Macri por dejarse pasar por encima por la gestión nacional.

Desde las organizaciones civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sacó un comunicado durísimo donde advierte que este decreto cambia el paradigma histórico de seguridad ciudadana por uno de seguridad del Estado, lo que deja la puerta abierta para perseguir opositores, criminalizar la protesta social y habilitar ciberpatrullajes masivos sin control judicial. Desde el CELS cuestionaron con fuerza la constitucionalidad del decreto firmado por el Ejecutivo, señalando que se excedieron las facultades delegadas por la Ley Bases, ya que modificar temas penales tan sensibles como las requisas y la vigilancia secreta debería ser una discusión exclusiva del Congreso Nacional mediante una ley formal y no una decisión tomada a dedo desde el mostrador de Balcarce 50.