Intervenciones sociales y relevamientos de personas en situación de calle

La Legislatura porteña le dio luz verde este jueves a un paquete de pedidos de informes dirigidos derecho al Ejecutivo de la Ciudad. La movida, impulsada por bloques de la oposición como Fuera por Buenos Aires, busca meter la lupa y conseguir data bien detallada sobre temas sociales clave que vienen golpeando fuerte, sobre todo lo que pasa con la gente en situación de calle, el acceso a la vivienda y cómo están funcionando los dispositivos de asistencia.

Uno de los puntos centrales del reclamo apunta al Relevamiento de Personas en Situación de Calle, el famoso REPSIC, que se hace en cumplimiento de la Ley 3.706. Los legisladores quieren saber al detalle qué metodología usan, cómo miden, qué cobertura territorial tienen, qué personal labura ahí y cuánta plata se destina a todo esto. Además, exigen saber si participan organizaciones sociales o universidades, y si hay auditorías después de que se hacen los operativos.

Por otro lado, se puso el foco en los Centros de Inclusión Social, los CIS, que son los lugares destinados al alojamiento de las personas en situación de vulnerabilidad. Ahí el pedido exige números claros: cuántos centros están abiertos hoy, cómo se gestionan, cuántas plazas reales hay disponibles, qué perfiles tienen los que se alojan y qué condiciones se les pide para ingresar. También quieren saber qué actividades hacen adentro, la formación del personal, cómo es la atención sanitaria y en qué anda la implementación de los nuevos modelos como las Casas Familia.

El programa Red de Atención, que es el continuador del Buenos Aires Presente y que aborda el problema en el territorio con equipos móviles y la línea 108, también quedó bajo la mira. Los diputados pidieron informes sobre los recursos humanos, la cantidad de vehículos, los recorridos que hacen, cómo marchan los Dispositivos de Primer Acercamiento y si piensan sumar más unidades móviles. Pero el tema clave acá es que exigen explicaciones sobre la reducción presupuestaria prevista para 2026 y cómo se va a mantener la meta de personas asistidas cuando la población en situación de calle viene aumentando.

Para cerrar, la otra gran preocupación son los procesos de desalojo y el impacto directo que tienen en el acceso a la vivienda. La iniciativa busca reconstruir el camino de la gente afectada antes, durante y después de las evacuaciones, viendo si el Estado intervino antes, qué ayuda les dio en el operativo y qué soluciones habitacionales les acercó más tarde. En limpio, quieren saber si hay mecanismos para identificar temprano el riesgo de terminar en la calle y si existen sistemas integrados de información para hacer el seguimiento de estos casos.