Presentan un proyecto de catalogación definitiva para evitar reformas drásticas en el paso férreo

Un proyecto de ley redactado por vecinos ingresó en la Legislatura de la Ciudad para declarar al Puente Vehicular Ciudad de la Paz como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 1227. La iniciativa vecinal busca proteger la estructura ubicada en la calle Ciudad de la Paz, entre Santos Dumont y Dorrego, en el límite entre Palermo, Colegiales y Belgrano. Además, se presentó otro texto para catalogar la obra con un nivel de protección estructural dentro del Código Urbanístico.

Los proyectos, que llevan la firma de Paula Gómez Ortega, surgen como respuesta a la intención de la empresa estatal AUSA de descatalogar y demoler la estructura para habilitar el paso de vehículos de gran porte. Según los fundamentos presentados, el puente fue clausurado el 17 de enero de 2023 debido a fallas estructurales detectadas por el Gobierno de la Ciudad. Tras dos años sin avances, a fines de 2024 se realizaron trabajos de refuerzo que incluyeron la colocación de perfiles metálicos y mejoras en drenajes y juntas. Finalmente, el 31 de marzo de 2025 reabrió con acceso restringido para tránsito liviano, ambulancias, colectivos de bomberos, motos, bicicletas y peatones, luego de una inversión cercana a los 2 millones de dólares. Los vecinos argumentan que la solicitud de demolición posterior a esta obra evidencia una falta de planificación a mediano plazo y una falta de participación comunitaria.

La documentación técnica que acompaña el pedido destaca que el puente es un viaducto de acero remachado al estilo inglés con un vano libre de 52 metros. Fue construido alrededor de 1916 por la empresa Lacroze para el paso de tranvías sobre el Ferrocarril Mitre. En 2022, los ingenieros Tomás del Carril y Javier Fazio elaboraron un informe técnico que resaltaba su valor histórico y proponía soluciones de preservación. Posteriormente, en julio de 2024, estudios a cargo del ingeniero Martín Polimeni y el Laboratorio de Ensayos de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la UBA ratificaron que la estructura era totalmente rehabilitable.

Los impulsores de la medida señalan que la conservación definitiva del puente es clave para resguardar la identidad urbana y el entorno barrial, cumpliendo además con los artículos 26 y 27 de la Constitución de la Ciudad, que exigen proteger los bienes patrimoniales y su contexto. A este reclamo comunitario se sumó el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), que el 15 de julio de 2024 formalizó una nota ante la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura solicitando su incorporación al Catálogo Definitivo de Bienes Patrimoniales con nivel de protección estructural, con el fin de asegurar que cualquier intervención futura se limite a tareas de conservación y mantenimiento.